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A los fines de la aplicación de este Tratado, el homicidio u otro delito contra la vida, la integridad física o la libertad de un Jefe de Estado o de Gobierno o de un miembro de su familia no será considerado como delito político.
Si la Parte requirente estima que la comparecencia particular de un testigo o Perito ante sus autoridades judiciales resulta especialmente necesaria, lo hará constar en la solicitud de citación.
Durante todo el proceso de extradición, el extraditado tiene derecho a ser informado de los cargos en su contra y a tener acceso a un abogado. Además, tiene derecho a un juicio justo y a presentar pruebas en su defensa.
En cualquier caso, el letrado ha estimado que el procedimiento de extradición debe quedar en suspenso mientras el Tribunal Supremo resuelve el recurso que ha presentado contra el acuerdo del Consejo de Ministros que dio luz verde a que el mismo siguiera su vía jurisdiccional, para lo que ha entregado una documentación que acredita que el Supremo ha admitido a trámite el recurso, en el que alega que el Consejo de Ministros “se equivocó en los hechos y en el derecho que aplica”.
La Parte requerida podrá denegar la extradición cuando, conforme a sus propias leyes, corresponda a sus Tribunales conocer del delito por el cual aquella haya sido solicitada.
No se concede la extradición por delitos políticos, porque estos dejan de serlo al atravesar una frontera. Como ilustra el jurista José Irureta Goyena: “en el Estado a cuyas leyes se ampara, el delincuente político no representa un peligro; y en el Estado de cuyos gobernantes se escapa, no existe justicia que le have a peek here ofrezca garantías”.
Si la persona buscada es extraditada, también tiene derecho a ser tratada humanamente y a no ser sometida a tortura o a tratos crueles e inhumanos.
4. Podrá concederse la libertad provisional siempre que la Parte requerida adoptara las medidas que estime necesarias para evitar la fuga del reclamado.
Pie de foto, Hablando ante have a peek here los miembros de la ONU, Kirchner exigió a Irán que entregue a los sospechosos de haber organizado el ataque contra la AMIA.
La extradición entre España y México se contempla tras el tratado firmado entre ambos países con el compromiso de obligarse a entregar recíprocamente, según las reglas y bajo las condiciones determinadas en el tratado de extradición, los individuos contra los cuales se haya iniciado un procedimiento penal o sean requeridos para la ejecución de una pena privativa de libertad impuesta judicialmente como consecuencia de un delito.
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Se atenderá a todas las circunstancias que concurran en el caso, y sobre todo a si existe tratado o no, a la gravedad relativa, al lugar en el que se haya cometido el delito, la fecha de solicitud de cada Estado, la nacionalidad Check This Out del investigado y la posibilidad de una extradición ulterior a otro Estado.
Sin embargo la obligación señalada no es absoluta pues siempre el estado requerido conserva la facultad soberana de no conceder la ex-tradición si de acuerdo a su legislación interna no se cumplen los requisitos establecidos para tal efecto.
A los fines de la aplicación de este Tratado, el homicidio u otro delito contra la vida, la integridad física o la libertad de un Jefe de Estado o de Gobierno o de un miembro de su familia no será considerado como delito político.